Transparencia, buen gobierno y Agenda 2030 — Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado
Test de 31 preguntas con explicaciones justificadas.
Pregunta 1: ¿Qué ámbito subjetivo de aplicación tiene la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno?
- A) Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y las Entidades que integran la Administración Local.
- B) Únicamente la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
- C) Todas las entidades públicas y privadas que reciban fondos públicos, incluyendo partidos políticos y sindicatos.
- D) Solo los órganos constitucionales del Estado y las instituciones de la Unión Europea.
El art. 2 de la Ley 19/2013 establece que están sujetos a su cumplimiento la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y las Entidades que integran la Administración Local.
Pregunta 2: Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuál es uno de los principios de buen gobierno que deben observar los altos cargos?
- A) La discrecionalidad en la gestión de los asuntos públicos.
- B) La ejemplaridad en el cumplimiento de las normas.
- C) La priorización de los intereses políticos sobre los técnicos.
- D) La no rendición de cuentas por decisiones colegiadas.
El art. 5 de la Ley 40/2015 establece como principios de actuación de las Administraciones Públicas, aplicables a los altos cargos, la ejemplaridad, integridad, conducta ética, entre otros.
Pregunta 3: ¿Cuál de los siguientes es un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 directamente relacionado con la transparencia y la rendición de cuentas?
- A) ODS 5: Igualdad de género.
- B) ODS 7: Energía asequible y no contaminante.
- C) ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.
- D) ODS 13: Acción por el clima.
El ODS 16 (Meta 16.6) establece la necesidad de crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles, promoviendo el acceso público a la información.
Pregunta 4: De acuerdo con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, ¿qué principio refuerza la transparencia en la contratación pública?
- A) El principio de confidencialidad durante todo el procedimiento.
- B) El principio de publicidad y transparencia, que exige la difusión de información en el perfil del contratante.
- C) El principio de discrecionalidad en la selección del contratista.
- D) El principio de no discriminación, que anula la publicidad de pliegos.
La Ley 9/2017, en su art. 2, consagra el principio de publicidad y transparencia, desarrollado en el Título Preliminar, que obliga a la difusión de información en el perfil del contratante para garantizar la competencia y la integridad.
Pregunta 5: Según el Reglamento (UE) 2016/679 (GDPR), ¿qué condición debe cumplirse para que los datos personales sean tratados en el marco de la transparencia activa?
- A) Debe existir un consentimiento inequívoco de los afectados.
- B) El tratamiento debe ser necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.
- C) Los datos deben anonimizarse de manera irreversible antes de su publicación.
- D) Debe obtenerse una autorización expresa de la Agencia Española de Protección de Datos.
El art. 6 del GDPR establece las bases legales para el tratamiento. La publicación de datos personales en transparencia activa suele basarse en el cumplimiento de una obligación legal (art. 6.1.c) o en el interés público (art. 6.1.e), siempre con garantías como la minimización de datos.
Pregunta 6: La Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, tiene por objeto:
- A) Restringir el acceso a la información pública para proteger la propiedad intelectual.
- B) Regular y fomentar la reutilización de los documentos elaborados o custodiados por las Administraciones Públicas.
- C) Establecer tasas obligatorias para cualquier solicitud de información.
- D) Derogar la Ley de Transparencia en materia de datos abiertos.
El art. 1 de la Ley 37/2007 establece que su objeto es regular y fomentar la reutilización de los documentos elaborados o custodiados por las Administraciones y demás organismos del sector público.
Pregunta 7: En el marco del gobierno digital, ¿qué principio establece la Carta de Derechos Digitales para garantizar la transparencia en los algoritmos utilizados por las Administraciones Públicas?
- A) Derecho a la desconexión digital.
- B) Derecho a la neutralidad de internet.
- C) Derecho a la no discriminación algorítmica y a la auditoría de los sistemas automatizados.
- D) Derecho al olvido en servicios de búsqueda.
La Carta de Derechos Digitales, aprobada por el Gobierno de España, recoge en su artículo 24 el derecho a la no discriminación algorítmica, incluyendo la transparencia, auditoría y supervisión de los sistemas automatizados de toma de decisiones.
Pregunta 8: ¿Qué instrumento de rendición de cuentas establece la Ley 19/2013 para los altos cargos de la Administración General del Estado?
- A) La declaración anual de bienes y actividades, que se publica en el Portal de Transparencia.
- B) Un informe confidencial dirigido únicamente al Consejo de Ministros.
- C) Una comparecencia trimestral ante las Cortes Generales.
- D) La realización de una auditoría financiera privada.
El art. 15 de la Ley 19/2013 establece la obligación para los altos cargos de presentar una declaración de bienes y actividades, cuya información esencial es pública en el Portal de Transparencia, como instrumento de rendición de cuentas.
Pregunta 9: Según la Ley 19/2013, ¿cómo se articula la participación ciudadana en la elaboración de disposiciones de carácter general?
- A) A través de la publicación del anteproyecto en el Portal de Transparencia y la apertura de un plazo de consulta pública.
- B) Mediante sondeos de opinión realizados por empresas privadas.
- C) A través de reuniones reservadas con grupos de interés seleccionados.
- D) No se prevé la participación ciudadana en dicha fase.
El art. 10.2 de la Ley 19/2013 establece que las Administraciones Públicas promoverán la participación ciudadana en la elaboración de disposiciones de carácter general, mediante la publicación del anteproyecto y la apertura de un plazo de consulta pública.
Pregunta 10: De acuerdo con la Ley 19/2013, ¿qué información se considera parte de la 'publicidad activa' que debe publicar obligatoriamente toda entidad sujeta?
- A) Las conversaciones internas por correo electrónico de los empleados.
- B) La normativa aplicable a la entidad, sus planes y programas, y la información de relevancia jurídica.
- C) Los borradores de informes técnicos en fase de elaboración.
- D) Las declaraciones de la renta de todos sus empleados.
El art. 6 de la Ley 19/2013 detalla la información sujeta a publicidad activa, incluyendo la normativa aplicable, la estructura organizativa, los planes y programas, la información de relevancia jurídica, las retribuciones de altos cargos, etc.
Pregunta 11: ¿Cuál de los siguientes es un límite al derecho de acceso a la información pública según la Ley 19/2013?
- A) La seguridad nacional, la defensa y las relaciones exteriores.
- B) Cualquier información que pueda afectar a la imagen de la institución.
- C) Los datos relativos a la gestión económica y presupuestaria.
- D) La información ya publicada en el Boletín Oficial del Estado.
El art. 14 de la Ley 19/2013 establece los límites al acceso, entre los que se encuentran la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, los intereses económicos y comerciales, la política monetaria, la igualdad de partes en procesos judiciales, etc.
Pregunta 12: ¿Cuál es la función principal del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG)?
- A) Actuar como órgano consultivo y de resolución de recursos en materia de transparencia y buen gobierno.
- B) Gestionar directamente el Portal de Transparencia del Gobierno de España.
- C) Supervisar la actividad económica de las empresas públicas.
- D) Ejercer la potestad sancionadora en materia de protección de datos.
Según el art. 32 de la Ley 19/2013, el CTBG es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley, de promover la transparencia, de asesorar y de resolver los recursos en materia de acceso a la información pública.
Pregunta 13: El Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, según la Ley 19/2013, debe garantizar:
- A) El acceso universal, gratuito, reutilizable y en formatos abiertos a la información publicada.
- B) El acceso previo registro y pago de una tasa administrativa.
- C) La publicación exclusiva de información requerida por los ciudadanos.
- D) La actualización de la información con una periodicidad anual.
El art. 8 de la Ley 19/2013 establece que la información objeto de publicidad activa será accesible de forma universal y gratuita a través de Internet, en formatos reutilizables y de acuerdo con los principios de interoperabilidad y accesibilidad.
Pregunta 14: ¿Qué plazo tiene la Administración para resolver una solicitud de acceso a la información pública según la Ley 19/2013?
- A) 15 días hábiles, prorrogable por otros 15 en casos excepcionales.
- B) 30 días naturales, sin posibilidad de prórroga.
- C) Un mes, prorrogable por otro mes si la solicitud es compleja.
- D) 3 meses desde la recepción de la solicitud.
El art. 19 de la Ley 19/2013 establece que el plazo máximo para notificar la resolución expresa es de un mes desde la recepción de la solicitud. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en caso de que el volumen o la complejidad de la información lo requieran.
Pregunta 15: ¿Qué tipo de infracciones recoge el régimen sancionador de la Ley 19/2013?
- A) Leves, graves y muy graves, aplicables a los sujetos obligados y a los responsables de su incumplimiento.
- B) Únicamente infracciones administrativas leves.
- C) Infracciones penales y administrativas, pero solo para altos cargos.
- D) No establece un régimen sancionador específico.
El Título IV de la Ley 19/2013 establece un régimen sancionador con infracciones leves, graves y muy graves, aplicables a los sujetos obligados y a los responsables de su incumplimiento, con sanciones que van desde la advertencia hasta multas económicas.
Pregunta 16: Según la Ley 40/2015, ¿qué se entiende por 'código de conducta' en el sector público?
- A) Un conjunto de reglas no vinculantes para el personal eventual.
- B) Un documento que establece los principios éticos y las reglas de comportamiento aplicables a los empleados públicos y altos cargos.
- C) Un acuerdo interno para la gestión de conflictos entre departamentos.
- D) Una norma que regula exclusivamente el uso de redes sociales.
El art. 52 de la Ley 40/2015 define los códigos de conducta como instrumentos de integridad y ética pública que establecen principios y reglas de comportamiento para empleados públicos y altos cargos.
Pregunta 17: De acuerdo con la normativa de buen gobierno, ¿qué es un 'conflicto de interés'?
- A) Cualquier situación en la que el interés público se vea beneficiado por una decisión personal.
- B) Una situación en la que el interés personal de un responsable público pueda influir en el cumplimiento imparcial de sus funciones.
- C) Un desacuerdo entre dos administraciones públicas sobre competencias.
- D) La incompatibilidad de un cargo público con el ejercicio de actividades privadas en cualquier caso.
Según el art. 5 de la Ley 40/2015, se entiende por conflicto de interés cualquier situación en la que el interés personal del empleado público o alto cargo pueda influir en el cumplimiento imparcial de las obligaciones inherentes a su puesto.
Pregunta 18: La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, establece que el Gobierno debe rendir cuentas ante:
- A) Exclusivamente el Presidente del Gobierno.
- B) Las Cortes Generales, a las que informa anualmente de su gestión.
- C) El Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional.
- D) La Unión Europea en materia de políticas comunitarias.
El art. 3 de la Ley 50/1997 establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior y la administración civil y militar, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes, rindiendo cuentas ante las Cortes Generales.
Pregunta 19: ¿Qué mecanismo establece la Agenda 2030 para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel global?
- A) Un sistema de auditoría financiera anual por país.
- B) Un conjunto de indicadores globales, adoptados por la Asamblea General de la ONU, y revisiones voluntarias nacionales.
- C) Un tribunal internacional que sanciona el incumplimiento.
- D) Un proceso de consulta exclusivamente con los gobiernos locales.
La Agenda 2030 establece un marco de seguimiento basado en indicadores globales, adoptados por la Asamblea General de la ONU en 2017, y en el mecanismo de Revisiones Nacionales Voluntarias presentadas en el Foro Político de Alto Nivel.
Pregunta 20: En España, ¿qué organismo coordina la implementación de la Agenda 2030 a nivel nacional?
- A) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
- B) La Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030, dependiente de la Presidencia del Gobierno.
- C) El Instituto Nacional de Estadística (INE).
- D) El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Mediante el Real Decreto 1088/2018, se creó la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030, dependiente de la Presidencia del Gobierno, con la función de coordinar la implementación de la Agenda 2030 en España.
Pregunta 21: Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, ¿dónde debe publicarse la información sobre los contratos celebrados por las Administraciones Públicas?
- A) En el Perfil del Contratante, accesible electrónicamente.
- B) Solo en el Boletín Oficial correspondiente.
- C) En un registro físico en la sede de la entidad contratante.
- D) Exclusivamente en la plataforma de la Unión Europea TED.
El art. 63 de la Ley 9/2017 establece la obligación de que los poderes adjudicadores mantengan un perfil del contratante accesible por vía electrónica, donde se publicará información sobre contratación, incluyendo anuncios, pliegos y adjudicaciones.
Pregunta 22: En materia de transparencia de subvenciones, ¿qué información debe publicarse activamente según la Ley General de Subvenciones?
- A) Únicamente el importe total concedido anualmente.
- B) Las convocatorias, las concesiones, el importe y los beneficiarios, con indicación de la finalidad.
- C) Solo las subvenciones superiores a 100.000 euros.
- D) La información contable interna de los beneficiarios.
El art. 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, establece la publicidad de las subvenciones, incluyendo la obligación de publicar convocatorias, concesiones, beneficiarios, importes y finalidad, en los términos que desarrolla su reglamento.
Pregunta 23: La Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, establece que la clasificación de un documento como secreto:
- A) Puede ser indefinida si así lo decide el Gobierno.
- B) Tiene una duración máxima, tras la cual debe ser desclasificado.
- C) Es competencia exclusiva del Ministerio de Defensa.
- D) No está sujeta a control jurisdiccional.
La Ley de Secretos Oficiales, aunque de 1968, establece en su art. 4 que la clasificación de la información como secreta tiene un plazo máximo, que puede ser prorrogado, pero no indefinido, y está sujeta a revisión.
Pregunta 24: ¿Qué principio de la Ley 19/2013 obliga a las Administraciones a proporcionar información sobre el uso de los fondos públicos?
- A) Principio de eficiencia en la gestión.
- B) Principio de responsabilidad en la gestión financiera.
- C) Principio de publicidad y transparencia de la actividad económica, presupuestaria y estadística.
- D) Principio de confidencialidad de las operaciones financieras.
El art. 3 de la Ley 19/2013 establece como uno de los principios generales la publicidad y transparencia de la actividad económica, presupuestaria y estadística, que incluye la información sobre el uso de fondos públicos.
Pregunta 25: Según el Código de Conducta de los empleados públicos, ¿qué comportamiento se considera una falta ética grave?
- A) Utilizar los recursos informáticos de la Administración para fines profesionales.
- B) Aceptar regalos o atenciones que puedan condicionar la imparcialidad en el desempeño del cargo.
- C) Consultar el Portal de Transparencia durante el horario laboral.
- D) Participar en actividades de formación no autorizadas.
El Código de Conducta de los empleados públicos, basado en la Ley 40/2015 y el Estatuto Básico del Empleado Público, prohíbe aceptar regalos, obsequios o atenciones que puedan comprometer la imparcialidad o independencia en el ejercicio de la función pública.
Pregunta 26: El Plan de Gobierno Abierto de la Administración General del Estado tiene como objetivo principal:
- A) Limitar el acceso a la información para proteger la seguridad del Estado.
- B) Promover la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración en la gestión pública.
- C) Reducir la carga administrativa eliminando trámites electrónicos.
- D) Centralizar todas las competencias de transparencia en un único ministerio.
Los Planes de Gobierno Abierto, alineados con los principios de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), buscan promover la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración entre administraciones y sociedad.
Pregunta 27: En el marco de la evaluación de políticas públicas, ¿qué instrumento se utiliza para medir el grado de cumplimiento de los objetivos de transparencia?
- A) La Auditoría Financiera Anual.
- B) Los Indicadores de Rendimiento (KPIs) vinculados a los planes de actuación.
- C) Las encuestas de satisfacción ciudadana exclusivamente.
- D) Los informes de la Intervención General del Estado.
La evaluación de políticas públicas se basa en indicadores de rendimiento (Key Performance Indicators - KPIs) que permiten medir el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, incluidos los de transparencia y buen gobierno.
Pregunta 28: La Directiva (UE) 2019/1024, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público, fue transpuesta al ordenamiento español mediante:
- A) La Ley 19/2013, de Transparencia.
- B) La Ley 37/2007, de reutilización de la información del sector público, modificada por la Ley 18/2015.
- C) Un Real Decreto-ley de medidas urgentes.
- D) La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La Directiva (UE) 2019/1024 fue transpuesta parcialmente por la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, que fue modificada por la Ley 18/2015, de 9 de julio, para adaptarse a la directiva anterior (2013/37/UE). La transposición completa se realizó mediante el Real Decreto-ley 24/2021.
Pregunta 29: En el contexto de la transparencia algorítmica y la inteligencia artificial en la Administración, ¿qué principio ético exige que los ciudadanos conozcan cuándo se utiliza un sistema automatizado en decisiones que les afectan?
- A) Principio de no maleficencia.
- B) Principio de transparencia y explicabilidad.
- C) Principio de justicia distributiva.
- D) Principio de autonomía de la máquina.
La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la propuesta de Reglamento europeo de IA establecen el principio de transparencia y explicabilidad, que implica que los sistemas de IA deben ser comprensibles y que los ciudadanos deben ser informados cuando interactúan con un sistema automatizado.
Pregunta 30: ¿Qué órgano interno de las entidades del sector público tiene entre sus funciones velar por el cumplimiento de las normas de buen gobierno y transparencia?
- A) La Intervención General.
- B) La Oficina de Conflictos de Intereses.
- C) La Unidad de Información Financiera (UIF).
- D) El Órgano de Control Interno, en el marco del Sistema de Gestión de Riesgos.
Según la Ley 40/2015, los órganos de control interno, en el marco del Sistema de Gestión de Riesgos, tienen entre sus funciones evaluar el cumplimiento de la normativa, incluyendo la de buen gobierno y transparencia.
Pregunta 31: Según la normativa de transparencia, ¿qué información relativa a los altos cargos debe ser publicada de forma activa?
- A) Su historial académico completo y declaración de la renta de los últimos 10 años.
- B) Su curriculum vitae, retribuciones percibidas y agenda de reuniones institucionales.
- C) Sus datos de contacto personal y familiar.
- D) Su patrimonio neto exacto y transacciones bancarias.
El art. 6.1 de la Ley 19/2013 exige la publicación activa de las retribuciones percibidas por los altos cargos, así como su curriculum vitae. Además, el Real Decreto 919/2014 desarrolla la publicidad de la agenda de los altos cargos.