Proceso penal: principios, competencia y aforamientos — Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera
Test de 33 preguntas con explicaciones justificadas.
Pregunta 1: El principio de oficialidad en el proceso penal español implica que:
- A) La acción penal solo puede ejercitarse por el ofendido.
- B) Los Jueces y Tribunales actúan de oficio en la persecución de los delitos.
- C) El proceso se inicia siempre a instancia de parte.
- D) La investigación penal es un derecho potestativo del Ministerio Fiscal.
El principio de oficialidad, establecido en el Art. 125 de la CE y en la LECrim, implica que corresponde a los Jueces y Tribunales, así como al Ministerio Fiscal, impulsar de oficio el proceso penal.
Pregunta 2: ¿Qué principio procesal penal proclama que nadie puede ser condenado sin un juicio previo?
- A) Principio acusatorio.
- B) Principio de presunción de inocencia.
- C) Principio de legalidad procesal.
- D) Principio de jurisdicción.
El Art. 24.1 CE establece el principio de legalidad procesal, que incluye el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, y que nadie puede ser condenado sin un juicio previo.
Pregunta 3: La competencia objetiva en el proceso penal se determina principalmente por:
- A) El lugar donde se cometió el delito.
- B) La gravedad de la pena prevista para el delito.
- C) El domicilio del acusado.
- D) La nacionalidad de la víctima.
La competencia objetiva, regulada en los Arts. 14 y ss. de la LECrim y la LOPJ, distribuye los asuntos entre los distintos órganos judiciales en función de la materia, principalmente la gravedad de la pena (delitos graves, menos graves, faltas).
Pregunta 4: Según el principio de presunción de inocencia, la carga de la prueba recae sobre:
- A) El acusado.
- B) La parte acusadora.
- C) El Juez instructor.
- D) Se reparte entre acusación y defensa.
El Art. 24.2 CE y el Art. 6.2 del CEDH consagran el principio de presunción de inocencia, conforme al cual toda persona acusada es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. Por tanto, la carga de probar los hechos recae en la parte acusadora.
Pregunta 5: ¿Ante qué órgano es competente, en primera instancia, el enjuiciamiento de un delito de homicidio?
- A) Juzgado de Paz.
- B) Juzgado de Instrucción.
- C) Audiencia Provincial.
- D) Juzgado de lo Penal.
Según el Art. 14.2 LOPJ, la Audiencia Provincial es competente para el conocimiento y fallo de las causas por delito, salvo las que la ley atribuya a otros órganos. El homicidio es un delito grave de competencia provincial.
Pregunta 6: El aforamiento de los Diputados y Senadores implica que, por delitos cometidos en el territorio nacional, son juzgados en primera instancia por:
- A) La Audiencia Provincial de Madrid.
- B) El Tribunal Supremo.
- C) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
- D) El Tribunal Superior de Justicia de su circunscripción.
El Art. 71.3 CE establece que los Diputados y Senadores serán juzgados, en caso de delito, únicamente por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Pregunta 7: La regla general para determinar la competencia territorial penal es el lugar:
- A) De residencia del Juez instructor.
- B) De comisión del delito.
- C) De nacimiento del acusado.
- D) Donde se encuentre la sede del tribunal superior.
El Art. 15 de la LECrim establece como regla general que la competencia corresponde al Juez del lugar en que se hubiere cometido el delito.
Pregunta 8: ¿Qué principio del proceso penal veda la doble persecución por los mismos hechos?
- A) Principio de oportunidad.
- B) Principio "non bis in idem".
- C) Principio de contradicción.
- D) Principio de publicidad.
El principio "non bis in idem", reconocido en el Art. 25.1 CE y el Art. 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prohíbe que una persona sea procesada o condenada dos veces por los mismos hechos.
Pregunta 9: ¿Cuál de los siguientes órganos NO tiene competencia para enjuiciar delitos en primera instancia?
- A) Juzgado de lo Penal.
- B) Audiencia Nacional.
- C) Tribunal Constitucional.
- D) Audiencia Provincial.
El Tribunal Constitucional (Art. 159 CE y LOTC) es el intérprete supremo de la Constitución y no es un órgano jurisdiccional ordinario para el enjuiciamiento de delitos. Los demás sí tienen competencia penal en primera instancia.
Pregunta 10: La competencia de la Audiencia Nacional se extiende, entre otros, a la instrucción y enjuiciamiento de delitos de:
- A) Homicidio común.
- B) Tráfico de drogas a pequeña escala.
- C) Terrorismo.
- D) Estafa básica.
Según el Art. 65 LOPJ, la Audiencia Nacional es competente para el conocimiento de causas por delitos de terrorismo, entre otros como delitos contra la Corona o crimen organizado a escala nacional o internacional.
Pregunta 11: El principio acusatorio en el proceso penal se concreta en que:
- A) El Juez dirige la investigación de oficio.
- B) No puede haber sentencia condenatoria sin acusación previa.
- C) La defensa debe probar la inocencia del acusado.
- D) El proceso es siempre secreto en su fase de instrucción.
El principio acusatorio, derivado del Art. 24 CE y recogido en la LECrim, implica la separación entre la función de acusar y la de juzgar. No puede haber pena sin acusación ("Ne bis in idem" y "Nemo iudex sine actore").
Pregunta 12: Los Presidentes de las Comunidades Autónomas son aforados y son juzgados en primera instancia por:
- A) El Tribunal Supremo.
- B) La Audiencia Nacional.
- C) El Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad.
- D) La Audiencia Provincial de la capital autonómica.
Según el Art. 27.2 LOPJ, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma es competente para el enjuiciamiento en primera instancia de las causas penales contra el Presidente y los Consejeros de la misma, entre otros altos cargos autonómicos.
Pregunta 13: ¿En cuál de los siguientes casos se atribuye competencia al Juzgado de Instrucción?
- A) Enjuiciar un delito leve.
- B) Instruir una causa por un delito grave.
- C) Resolver un recurso de apelación.
- D) Enjuiciar un delito de homicidio.
Según la LECrim y la LOPJ, la función principal del Juzgado de Instrucción es la instrucción (investigación) de los delitos graves que posteriormente serán enjuiciados por otros órganos (Juzgado de lo Penal o Audiencia Provincial).
Pregunta 14: El derecho a la defensa y a la asistencia letrada, reconocido en la Constitución, es un principio:
- A) Discrecional para el Juez.
- B) Renunciable en cualquier momento.
- C) De orden público y derecho fundamental.
- D) Solo aplicable en el juicio oral.
El Art. 24.2 CE reconoce el derecho a la defensa y a la asistencia de letrado como un derecho fundamental de orden público, que se aplica desde la detención y en todas las fases del proceso.
Pregunta 15: La competencia para el enjuiciamiento de los Magistrados del Tribunal Supremo corresponde, en primera instancia, a:
- A) La Sala de lo Penal del propio Tribunal Supremo.
- B) La Audiencia Nacional.
- C) El Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
- D) La Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero en formación distinta.
El Art. 57.2 LOPJ establece que el Tribunal Supremo es competente para el enjuiciamiento de sus propios Magistrados y del Fiscal General del Estado, correspondiendo la instrucción a la Sala Segunda y el juicio a la Sala de lo Penal.
Pregunta 16: ¿Qué principio limita la actuación del Juez a lo pedido por las partes en el juicio oral?
- A) Principio de oficialidad.
- B) Principio de indisponibilidad de la acción penal.
- C) Principio dispositivo.
- D) Principio de congruencia.
El principio de congruencia (Art. 733 y 741 LECrim) exige que la sentencia se adecue a las peticiones de las partes (acusación y defensa) y a los hechos objeto del proceso, sin poder condenar por hechos no acusados.
Pregunta 17: La competencia para conocer de un delito de tráfico de drogas cometido por una organización criminal que opera en varias provincias puede corresponder a:
- A) El Juzgado de Instrucción del domicilio del jefe de la organización.
- B) La Audiencia Nacional.
- C) Cualquier Juzgado de lo Penal del territorio nacional.
- D) El Tribunal Supremo.
El Art. 65 LOPJ atribuye a la Audiencia Nacional la competencia para el conocimiento de los delitos de narcotráfico y crimen organizado cuando estén relacionados con bandas armadas o organizaciones criminales y su actividad se extienda más allá del ámbito de un Juzgado Central de Instrucción.
Pregunta 18: El principio de publicidad de las actuaciones judiciales tiene su excepción en la fase de:
- A) Juicio oral.
- B) Instrucción o sumarial.
- C) Recursos.
- D) Ejecución de la sentencia.
El Art. 301 LECrim establece el carácter secreto de las actuaciones sumariales (instrucción) para garantizar su eficacia, siendo el juicio oral el que debe celebrarse a puerta abierta (Art. 680 LECrim y Art. 120 CE).
Pregunta 19: Un delito de falsificación de moneda es competencia, en primera instancia, de:
- A) Juzgado de lo Penal.
- B) Audiencia Provincial.
- C) Juzgado Central de lo Penal.
- D) Tribunal Superior de Justicia.
Según el Art. 89 bis LOPJ, los Juzgados Centrales de lo Penal son competentes para el enjuiciamiento de determinados delitos, entre ellos la falsificación de moneda, cuando su ámbito supera el de una provincia.
Pregunta 20: ¿Qué artículo de la Constitución Española garantiza el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías?
- A) Artículo 15.
- B) Artículo 18.
- C) Artículo 24.
- D) Artículo 27.
El Art. 24.1 CE establece expresamente que 'Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Así mismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías...'.
Pregunta 21: El aforamiento del Presidente del Gobierno y de los Ministros los somete a la jurisdicción penal, en primera instancia, del:
- A) Tribunal Supremo.
- B) Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
- C) Audiencia Nacional.
- D) Juzgado Central de lo Penal.
El Art. 102.1 CE y el Art. 56 LOPJ establecen que el Presidente del Gobierno y los Ministros son aforados y serán juzgados, en su caso, por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Pregunta 22: ¿Cuál es el foro de competencia territorial supletorio cuando se desconoce el lugar de comisión del delito?
- A) El lugar de la primera declaración del acusado.
- B) El lugar donde se descubran los efectos del delito.
- C) El lugar de residencia del Juez Decano.
- D) El lugar donde fuera detenido el presunto culpable.
El Art. 15 LECrim establece que si no se conociera el lugar de la comisión, será competente el Juez del lugar donde fuera detenido el presunto culpable. Si no hubiere detenido, lo será el del lugar donde se practicaren las primeras diligencias.
Pregunta 23: El principio de doble instancia en el proceso penal permite:
- A) Un nuevo juicio sobre los mismos hechos.
- B) La revisión de la sentencia ante un tribunal superior.
- C) La acumulación de dos procesos en uno.
- D) La intervención de dos jueces en la instrucción.
El principio de doble instancia o de pluralidad de instancias, aunque no está expresamente reconocido en la CE como derecho fundamental, es un principio general que permite recurrir las resoluciones judiciales ante un tribunal superior para su revisión (Arts. 216 y ss. LECrim).
Pregunta 24: La competencia para instruir causas por delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en actos de servicio corresponde a:
- A) La jurisdicción militar en todos los casos.
- B) La jurisdicción ordinaria, salvo delitos castrenses tipificados en el Código Penal Militar.
- C) La Audiencia Nacional.
- D) El Tribunal Supremo.
Tras la reforma de la Justicia Militar, la LO 4/2014 establece que los delitos comunes cometidos por militares son competencia de la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción militar es residual y solo para delitos específicamente castrenses.
Pregunta 25: El principio de proporcionalidad en el proceso penal exige que las medidas restrictivas de derechos:
- A) Sean aplicadas por igual a todos los acusados.
- B) Sean idénticas a la pena solicitada.
- C) Sean las mínimas necesarias para los fines del proceso.
- D) Se decreten siempre a petición del Ministerio Fiscal.
Este principio, implícito en el Art. 24 CE y desarrollado en la jurisprudencia del TC, exige que cualquier medida cautelar o injerencia en derechos fundamentales durante el proceso sea idónea, necesaria y proporcional para alcanzar el fin legítimo perseguido.
Pregunta 26: Un delito de prevaricación cometido por un Alcalde en el ejercicio de su cargo sería competencia, en primera instancia, de:
- A) Juzgado de Instrucción de su partido judicial.
- B) Audiencia Provincial correspondiente.
- C) Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.
- D) Tribunal Supremo.
Según el Art. 57 LOPJ, los Alcaldes no están incluidos entre los aforados. Por tanto, salvo que el delito esté conectado con otros de competencia de otro tribunal, la competencia para su enjuiciamiento corresponde a la Audiencia Provincial (para delitos graves) o al Juzgado de lo Penal.
Pregunta 27: La conexión de causas puede determinar la competencia por:
- A) Razón de la persona (aforamiento).
- B) Prevención.
- C) Turno de reparto.
- D) Grado.
La competencia por prevención, regulada en el Art. 17 LECrim, se produce cuando dos o más jueces son competentes para conocer de un mismo asunto o de asuntos conexos, atribuyéndose la competencia al que hubiera actuado en primer lugar.
Pregunta 28: ¿Qué principio inspira que la acción penal sea pública y no pueda ser desistida libremente por el ofendido en los delitos graves?
- A) Principio de oficialidad.
- B) Principio de oportunidad.
- C) Principio de indisponibilidad.
- D) Principio de publicidad.
El principio de indisponibilidad de la acción penal, derivado del carácter de orden público del ius puniendi del Estado, implica que una vez iniciada la acción penal por el Ministerio Fiscal o la acusación particular, no puede ser retirada libremente, salvo en los casos legalmente tasados (Art. 636 y 637 LECrim).
Pregunta 29: ¿Ante qué órgano se plantea la cuestión de competencia por declinatoria?
- A) Ante el tribunal que se considera incompetente.
- B) Ante el tribunal que se considera competente.
- C) Ante el tribunal superior común.
- D) Ante el Ministerio Fiscal.
La declinatoria, regulada en los Arts. 64 a 72 LECrim, es el medio por el que la parte propone que el Juez o Tribunal que está conociendo del asunto se declare incompetente, por considerar que la competencia corresponde a otro órgano.
Pregunta 30: Los Magistrados del Tribunal Constitucional son aforados y son juzgados penalmente por:
- A) El Tribunal Supremo.
- B) El propio Tribunal Constitucional.
- C) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
- D) El Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El Art. 123.1 CE establece que el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. El Art. 56 LOPJ incluye a los Magistrados del Tribunal Constitucional entre los aforados ante el Tribunal Supremo.
Pregunta 31: La regla 'forum commissi delicti' se refiere a la competencia territorial por:
- A) El domicilio del acusado.
- B) El lugar de comisión del delito.
- C) El lugar de residencia de la víctima.
- D) El lugar donde se dicta el auto de apertura del juicio oral.
La expresión latina 'forum commissi delicti' significa 'foro del lugar del delito' y es la regla principal de competencia territorial penal, establecida en el Art. 15 LECrim.
Pregunta 32: El principio de inmediatez en el proceso penal exige que:
- A) La sentencia se dicte inmediatamente después del juicio.
- B) El Juez base su decisión en lo percibido directamente en el juicio oral.
- C) La instrucción sea secreta.
- D) La acusación y la defensa se presenten al mismo tiempo.
El principio de inmediatez, esencial para el juicio oral, implica que el tribunal que decide debe haber presenciado directamente la práctica de la prueba y los debates (Arts. 682 y 741 LECrim).
Pregunta 33: La competencia para conocer de un recurso de casación penal interpuesto contra una sentencia de la Audiencia Provincial corresponde a:
- A) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
- B) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
- C) El Tribunal Constitucional.
- D) El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.
Según el Art. 57.1 LOPJ, el Tribunal Supremo, a través de su Sala Segunda (de lo Penal), es competente para conocer de los recursos de casación en materia penal.