Derecho Financiero y Hacienda Pública en la CE — Test de Cuerpo Técnico de Hacienda

Esta sección revela las respuestas correctas. Te recomendamos hacer el test antes de consultarla.

• Según la Constitución Española, el principio de capacidad económica como fundamento del sistema tributario está reconocido en:

  Respuesta correcta: Artículo 31.1.

  El Art. 31.1 CE establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad.

• La potestad originaria para establecer tributos, según la Constitución, corresponde:

  Respuesta correcta: Al Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales, mediante ley.

  El Art. 133.1 CE dispone que la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. El Art. 133.2 añade que las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

• El principio de prohibición de la confiscatoriedad en el ámbito tributario se encuentra consagrado en la Constitución en:

  Respuesta correcta: Artículo 31.3.

  El Art. 31.3 CE establece que sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley y señala que "en ningún caso tendrán alcance confiscatorio".

• Según la Constitución, la autorización, modificación y prórroga de los Presupuestos Generales del Estado es una competencia de:

  Respuesta correcta: Las Cortes Generales.

  El Art. 134.2 CE establece que los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, serán elaborados por el Gobierno y aprobados por las Cortes Generales. La aprobación, modificación y prórroga es competencia parlamentaria.

• El Tribunal de Cuentas, como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, se regula constitucionalmente en:

  Respuesta correcta: Artículo 136 CE.

  El Art. 136.1 CE define al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.

• El principio de estabilidad presupuestaria vinculante para todas las Administraciones Públicas se incorporó a la Constitución a través del artículo:

  Respuesta correcta: 135.

  El Art. 135 CE, introducido por la reforma constitucional de 2011, regula el principio de estabilidad presupuestaria, obligatorio para todas las Administraciones Públicas.

• Según la Constitución, la planificación y coordinación de la actividad económica general corresponde:

  Respuesta correcta: Al Estado, con respeto a la iniciativa pública y privada.

  El Art. 131.1 CE señala que el Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución, todo ello con respeto a la iniciativa pública y privada.

• La facultad de las Comunidades Autónomas para establecer tributos propios, de acuerdo con la Constitución, está sujeta a:

  Respuesta correcta: La no contradicción con las normas tributarias del Estado.

  El Art. 133.2 CE establece que las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Las leyes de cesión de tributos y la LOFCA desarrollan este principio, siendo esencial la no contradicción con el sistema tributario estatal.

• El principio de universalidad presupuestaria, según la Constitución, implica que:

  Respuesta correcta: Todos los ingresos y gastos del sector público deben incluirse en los presupuestos.

  El Art. 134.2 CE, en relación con el principio de universalidad, exige que en los Presupuestos Generales del Estado se consignarán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal.

• La Constitución garantiza la autonomía financiera de las Corporaciones locales, la cual se fundamenta en:

  Respuesta correcta: La suficiencia de medios provenientes de tributos locales y participación en ingresos estatales y autonómicos.

  El Art. 142 CE establece que las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas, y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

• La facultad de inspección y control de la gestión económico-financiera del sector público corresponde constitucionalmente a:

  Respuesta correcta: El Tribunal de Cuentas.

  El Art. 136.1 CE atribuye al Tribunal de Cuentas la función de fiscalización de la gestión económico-financiera del sector público, con dependencia directa de las Cortes Generales.

• Según la Constitución, el Gobierno debe presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado:

  Respuesta correcta: Al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

  El Art. 134.4 CE dispone que el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

• El principio constitucional de progresividad tributaria está íntimamente ligado al principio de:

  Respuesta correcta: Capacidad económica.

  El Art. 31.1 CE establece que el sistema tributario será justo e inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que constituyen manifestación del principio de capacidad económica como criterio de justicia distributiva.

• La regulación constitucional sobre la Deuda Pública establece que:

  Respuesta correcta: Su emisión se acordará por el Gobierno previa autorización de las Cortes.

  El Art. 135.2 CE dispone que la emisión de deuda pública o la contratación de crédito se acordarán por el Gobierno, de acuerdo con la ley, y requerirán autorización previa de las Cortes Generales cuando se destinen a financiar gastos corrientes.

• La creación de un impuesto sobre la renta de las personas físicas debe realizarse necesariamente mediante:

  Respuesta correcta: Ley ordinaria del Estado.

  El Art. 133.1 CE establece el principio de reserva de ley en materia tributaria, por el cual la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. La Ley del IRPF es una ley ordinaria.

• La Constitución garantiza el secreto profesional de los:

  Respuesta correcta: Todos los anteriores están obligados al secreto profesional.

  El Art. 136.4 CE establece que los miembros del Tribunal de Cuentas estarán sometidos al mismo régimen de incompatibilidades que los Jueces. Aunque no menciona expresamente a otros, las leyes orgánicas y ordinarias (LGT) extienden el deber de secreto a todos los que intervienen en la gestión tributaria, incluidos colaboradores sociales (Art. 95 LGT) y funcionarios (Art. 103 LGT).

• El Fondo de Compensación Interterritorial tiene como finalidad constitucional:

  Respuesta correcta: Corregir desequilibrios económicos entre los territorios españoles.

  El Art. 158.1 CE establece que en los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que asuman y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. El Art. 158.2 CE crea el Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, para corregir desequilibrios económicos interterritoriales.

• La denominada 'regla de gasto' que limita el crecimiento del gasto público de las Administraciones se encuentra constitucionalmente en el artículo:

  Respuesta correcta: 135 CE.

  El Art. 135.3 CE establece que los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la deuda pública de las Administraciones gozarán de prioridad absoluta, y que los poderes públicos actuarán conforme al principio de estabilidad presupuestaria, siendo desarrollada la 'regla de gasto' por la Ley Orgánica 2/2012.

• Según la Constitución, el control de la gestión económica y financiera del sector público por el Tribunal de Cuentas es de naturaleza:

  Respuesta correcta: Externa, posterior y fiscalizadora.

  El Art. 136.1 CE define al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador, y el Art. 136.2 señala que sus funciones se ejercerán por delegación de las Cortes Generales, siendo el control externo, posterior y fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica.

• La posibilidad de que los Presupuestos Generales del Estado incluyan una Sección diferenciada para cada Comunidad Autónoma se basa en el principio constitucional de:

  Respuesta correcta: Autonomía financiera.

  El Art. 157.1 CE reconoce la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, y el desarrollo de este principio en los Estatutos y la LOFCA permite la existencia de presupuestos autonómicos diferenciados, que se integran en los Presupuestos Generales del Estado como secciones separadas, reflejando su autonomía.

• La Constitución establece que los ingresos obtenidos por el Estado y las Comunidades Autónomas por actos de disposición sobre su patrimonio:

  Respuesta correcta: Tienen naturaleza de ingresos patrimoniales.

  El Art. 132.3 CE establece que por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación. Los ingresos por actos de disposición (venta, permuta) forman parte de los ingresos patrimoniales de las Haciendas Públicas, según la LGP.

• El principio de unidad de caja, según la Constitución, implica que:

  Respuesta correcta: Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común sin afectación específica.

  Aunque no se menciona explícitamente en la CE, el principio de unidad de caja es un corolario del principio de universalidad presupuestaria (Art. 134.2 CE) y está desarrollado en la LGP. Implica que todos los ingresos forman una masa común para hacer frente a todos los gastos, prohibiendo las afectaciones específicas salvo excepción legal.

• La Constitución establece que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas:

  Respuesta correcta: No podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

  El Art. 138.2 CE establece que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

• La función del Banco de España como entidad responsable de la supervisión de entidades de crédito se fundamenta constitucionalmente en:

  Respuesta correcta: El Art. 149.1.11ª CE, que atribuye al Estado la competencia sobre bases de la ordenación del crédito.

  El Art. 149.1.11ª CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases de la ordenación del crédito, banca y seguros, lo que fundamenta el marco legal para las funciones del Banco de España.

• La Constitución permite que las Leyes de Presupuestos contengan:

  Respuesta correcta: Sómente la estimación de ingresos y la autorización de gastos.

  El Art. 134.7 CE prohíbe expresamente que la Ley de Presupuestos cree tributos, disponiendo que ésta no podrá crear tributos, pero podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea. Su contenido esencial es la estimación de ingresos y la autorización de gastos.

• La autonomía financiera de las Comunidades Autónomas comprende, según la Constitución:

  Respuesta correcta: La potestad de establecer y exigir tributos y la de recibir asignaciones de nivelación.

  El Art. 156.1 CE reconoce la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, la cual se ejercerá de conformidad con los principios de coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles. El Art. 157 CE enumera sus recursos, que incluyen tributos propios, cesiones, asignaciones de nivelación, etc.

• La obligación de realizar una declaración anual de renta encuentra su fundamento constitucional directo en el principio de:

  Respuesta correcta: Legalidad.

  El Art. 31.3 CE establece que sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley (principio de legalidad). La obligación de declarar es una prestación personal de carácter público que debe estar prevista en la ley.

• Según la Constitución, las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado:

  Respuesta correcta: Deben estar autorizadas por ley.

  El Art. 134.6 CE dispone que toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. Además, la concesión de subvenciones requiere autorización presupuestaria (ley de presupuestos) y desarrollo normativo legal.

• La cláusula constitucional que prohíbe la inembargabilidad de los bienes de las Administraciones Públicas para garantizar el pago de la deuda pública se encuentra en:

  Respuesta correcta: Artículo 135.3.

  El Art. 135.3 CE, párrafo segundo, establece que los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la deuda pública de las Administraciones gozarán de prioridad absoluta y no podrá acordarse la inembargabilidad de sus bienes y derechos en ningún caso.

• El principio de especialidad presupuestaria, conforme a la Constitución, significa que:

  Respuesta correcta: Los créditos presupuestarios tienen asignación específica y no pueden destinarse a fines distintos.

  El Art. 134.3 CE establece que toda ley o disposición de la Administración que implique aumento de los gastos o disminución de los ingresos del Estado deberá contar con la aprobación del Gobierno. El principio de especialidad, derivado de la ley, implica que los créditos se destinan a fines concretos y no pueden alterarse sin los procedimientos legalmente establecidos (modificaciones presupuestarias).

• La Constitución establece que los municipios participarán en los ingresos de las Haciendas estatales y autonómicas, según:

  Respuesta correcta: Lo establecido en las leyes.

  El Art. 142 CE dispone que las Haciendas locales se nutrirán de las participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas, "conforme a lo establecido en las leyes".